Esta nueva normativa no solo endurece las sanciones para delitos económicos, sino que también amplía la responsabilidad penal de las empresas y personas naturales. Aquí te contamos cómo afecta a tu empresa y qué debes hacer para estar preparado.

¿Qué es la Ley de Delitos Económicos?

Promulgada el 17 de agosto de 2023, con varias disposiciones entrando en vigor el 1 de septiembre de 2024, esta ley actualiza el marco legal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. Su objetivo principal es combatir y sancionar delitos relacionados con la corrupción, lavado de activos, violación de secretos comerciales y otros actos delictivos cometidos en el ámbito empresarial.

Categorías de delitos cubiertos

La ley clasifica los delitos económicos en cuatro categorías principales:

1. Primera Categoría: Delitos siempre considerados como económicos, sin importar las circunstancias (e.g., cohecho, violación de secretos comerciales).

2. Segunda Categoría: Delitos económicos cometidos en el marco de la actividad de la empresa o en su beneficio (e.g., delitos ambientales, tributarios, informáticos).

3. Tercera Categoría: Delitos cometidos por funcionarios públicos con intervención de un miembro de la empresa (e.g., malversación).

4. Cuarta Categoría: Delitos relacionados con el lavado de activos y la receptación de bienes provenientes de delitos económicos.

¿A qué tipo de empresas afecta esta ley?

La Ley de Delitos Económicos afecta a todas las empresas, sin importar su tamaño o sector, desde grandes corporaciones hasta pequeñas y medianas empresas (PYMES). Cada organización, ya sea pública o privada, debe cumplir con las nuevas normativas y adaptarse a las medidas de prevención establecidas para evitar ser sancionada.

¿Por qué es importante para las empresas?

La nueva ley aumenta a más de 200 los delitos que pueden ser imputados a personas jurídicas y endurece las sanciones para empresas y personas naturales involucradas. Esto significa que todas las empresas, independientemente de su tamaño, deben implementar medidas preventivas para protegerse. Las sanciones incluyen:

• Multas de hasta 5.000 UTM (aproximadamente USD $230 millones).

• Penas de cárcel efectiva para directivos o empleados culpables.

• Inhabilitación para contratar con el Estado, que puede ser indefinida.

• Comiso de ganancias obtenidas de manera ilícita.

¿Qué deben hacer las empresas?

Para cumplir con la nueva normativa, es fundamental que las empresas implementen un Modelo de Prevención de Delitos (MPD). Aquí te dejamos algunos pasos esenciales:

1. Evaluación de Riesgos: Identifica las actividades o procesos que puedan exponer a tu empresa a delitos económicos. Esta evaluación debe adaptarse al tamaño y características de tu organización.

2. Diseño del MPD: Establece protocolos claros y procedimientos para prevenir y detectar posibles delitos.

3. Implementación de un Canal de Denuncias: Todas las empresas deben contar con un canal de denuncias confidencial que permita a empleados, proveedores y otras partes interesadas reportar cualquier comportamiento sospechoso o incumplimiento de manera segura y anónima. Este canal es una herramienta esencial para detectar irregularidades a tiempo y demostrar un compromiso proactivo con el cumplimiento de la ley.

4. Nombrar un Compliance Officer: Designa a una persona o equipo responsable de supervisar el cumplimiento de las normativas, con independencia y recursos suficientes para realizar su labor.

5. Capacitación Continua: Asegúrate de que todos los empleados, desde directivos hasta operativos, reciban formación sobre los riesgos de delitos económicos y la importancia del cumplimiento.

6. Revisión Periódica: Realiza evaluaciones periódicas, preferiblemente por terceros independientes, para asegurar que el MPD es efectivo y ajusta las medidas cuando sea necesario.

Cambios clave a partir del 1 de septiembre de 2024

A partir de esta fecha, las empresas enfrentarán nuevos estándares de responsabilidad penal, especialmente en la falta de modelos preventivos adecuados. La eliminación de la certificación de los MPD y su reemplazo por evaluaciones periódicas representa un cambio importante, obligando a las empresas a implementar un sistema dinámico y eficiente que se ajuste continuamente a los riesgos.